¿Todavía quedan jueces en Madrid? 5 verdades incómodas sobre el estado de la Justicia en España
Cuenta la crónica del siglo XVIII que Federico II el Grande, el monarca prusiano que pretendía encarnar el absolutismo ilustrado, se topó con un límite inesperado. Molesto por el ruido del molino de un vecino llamado Arnold, que perturbaba la paz de su palacio de Sanssouci, el rey amenazó con la expropiación forzosa. El molinero, lejos de amilanarse, respondió con una serenidad que hoy se antoja revolucionaria: «Sí, Majestad, pero aún quedan jueces en Berlín». Aquella frase se erigió en el símbolo universal del imperio de la ley: la convicción de que el derecho es un muro frente al que incluso el poder más absoluto debe detenerse.
Hoy, en la España de 2024, esa anécdota resuena con una vigencia inquietante. En medio de una erosión institucional sin precedentes, donde el Fiscal General del Estado se sienta en el banquillo y los jueces son señalados desde la tribuna parlamentaria, cabe preguntarse si un ciudadano común podría decir hoy, con la misma seguridad de aquel campesino prusiano, que «todavía quedan jueces en Madrid».
Como juristas, analistas y ciudadanos, debemos asomarnos a cinco realidades —incómodas por su crudeza— que definen el asedio actual a la arquitectura jurídica de nuestra nación.
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1. La Justicia no es un «Servicio Público», es una Institución
La reciente Ley 1/2025, conocida en los círculos políticos y jurídicos como la «Ley Bolaños», introduce un cambio semántico que es, en realidad, un caballo de Troya conceptual. Al calificar la justicia como un mero «servicio público», se incurre en lo que el pensamiento crítico define como una «orbanidad» administrativa: la reducción de un poder del Estado a una simple prestación de servicios, similar al transporte o la recogida de residuos.
Desde la Teoría Institucional de Maurice Hauriou, entendemos que las instituciones son mucho más que organizaciones; son «creencias objetivizadas» que permanecen cuando las personas mueren. La justicia no es una ventanilla de atención al cliente; es una institución cuya misión es la justicia material. Como definió Ulpiano en el Digesto, la justicia es la «constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo» (suum cuique tribuere). Los tres pilares clásicos —honeste vivere (vivir honestamente), alterum non laedere (no dañar al prójimo) y dar a cada uno lo suyo— son virtudes morales que el Estado no puede gestionar como un balance de resultados. Si la justicia se degrada a «servicio», pierde su función de límite al poder para convertirse en un apéndice de la eficacia gubernamental.
2. El choque de visiones: Democracia Liberal vs. Jacobinismo Moderno
España vive hoy la colisión entre dos formas antagónicas de entender la política: la visión liberal de los checks and balances (pesos y contrapesos) inspirada por Montesquieu y Tocqueville, y un jacobinismo moderno que bebe de Rousseau.
Esta visión jacobina sostiene que la «voluntad popular» —entendida exclusivamente como la mayoría parlamentaria de turno— debe invadirlo todo. Bajo esta premisa, cualquier institución que ejerza control es vista como un estorbo democrático. Es aquí donde florece el «uso alternativo del derecho», una doctrina que pretende que los jueces interpreten la ley no según su tenor literal, sino en un sentido «progresista» que favorezca al poder. No es una sospecha teórica: tres de los actuales miembros del Tribunal Constitucional son firmes partidarios de esta doctrina.
Debemos ser precisos: el Tribunal Constitucional, como se ha visto en el reciente escándalo de la revisión de las sentencias del caso ERE, está actuando como una «tercera instancia» política. Es imperativo recordar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial; es un órgano político cuya colonización pone en jaque la seguridad jurídica del Tribunal Supremo.
3. El Fiscal General en el banquillo: Una anomalía de dos siglos
Por primera vez en 200 años de historia institucional, el Fiscal General del Estado ha sido procesado por el Tribunal Supremo. El hecho es de una gravedad extrema, no solo por el presunto delito cometido en el ejercicio de su cargo (revelación de secretos), sino por la degradación de las formas: el espectáculo del Abogado del Estado defendiendo personalmente al Fiscal General es una ruptura de las fronteras institucionales más elementales.
El problema es estructural. España mantiene un modelo de Fiscalía jerárquica donde el Gobierno nombra directamente a su cabeza. En este contexto, la Ley Bolaños pretende otorgar a los fiscales la dirección de la investigación penal, eliminando a los jueces de instrucción. Como advierten magistrados como Manuel Marchena, este cambio es peligrosísimo si no se garantiza primero una independencia real.
«La concepción del Fiscal General como un delegado del gobierno, llamado a ser condescendiente con el equipo gubernamental, es el momento menos oportuno para un cambio de modelo».
4. El «Lawfare» como arma de prevaricación
El término Lawfare (guerra judicial) no es un concepto jurídico, sino una etiqueta política importada del independentismo para deslegitimar al Estado. Su entrada oficial en el léxico político español se selló en el «Pacto de Waterloo» entre el PSOE y Junts, un documento que abrió la puerta a que comisiones parlamentarias revisen sentencias judiciales.
Investigaciones recientes señalan que el concepto ha sido promovido en España por autores vinculados al independentismo catalán (existen al menos tres libros específicos que han servido de manual para esta narrativa). Como bien ha denunciado el juez García Castellón, acusar a un magistrado de Lawfare es, lisa y llanamente, una acusación de prevaricación. Convertir el proceso judicial en un campo de batalla política busca amedrentar al juez para que deje de ser un árbitro independiente y se convierta en un actor dócil.
5. Los datos contra el ruido: La paradoja de la eficiencia
A pesar del intento de descrédito, la realidad sociológica (analizada por expertos como José Juan Toaria) desmiente el relato de una justicia corrupta:
- Prestigio social: El 79% de los españoles considera a los jueces honestos e independientes.
- Ranking Institucional: El Poder Judicial es la segunda institución mejor valorada, solo por detrás de la Corona, y a una distancia abismal del Gobierno y los partidos (que no alcanzan el 30%).
- El déficit de recursos: España cuenta con 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, situándose en el puesto 29 de 46 países europeos. La media europea es de 22.
- Doble carga de trabajo: Un juez español tramita de media 500 casos al año, frente a los 250 de un juez alemán.
Es fundamental desmitificar que nuestro Estado de Derecho nació de la nada en 1978. Como sostiene el historiador José Luis Villacañas, la «revolución pasiva» de mediados del siglo XX construyó un andamiaje administrativo y procesal (leyes de 1956, 1957 y 1958) que permitió la transición. El problema actual no es la falta de preparación de los jueces, sino la «hiperlexia»: un exceso de leyes motorizadas y de mala calidad técnica que asfixia el sistema.
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Conclusión: La inteligencia del corazón frente a la robótica judicial
En la era de la digitalización, existe la tentación de creer que la Inteligencia Artificial podría sustituir al juez para ganar rapidez. Sin embargo, el derecho no es un algoritmo ni una operación matemática. Juzgar requiere lo que los clásicos llamaban «inteligencia del corazón»: la prudencia para interpretar la ley mirando a las personas a la cara.
La resiliencia del Estado de Derecho depende de proteger la Teoría Institucional. Debemos entender que hay valores que no pueden someterse al mercado ni a la mayoría parlamentaria de turno. La confianza de los ciudadanos es el último escudo de los jueces, pero esa confianza se erosiona si permitimos que la justicia se convierta en un campo de juego político.
La pregunta del molinero Arnold sigue en el aire: ¿Podrán nuestras instituciones resistir si los ciudadanos no comprenden que la justicia es el último refugio cuando todo lo demás falla? La respuesta no está en los boletines oficiales, sino en nuestra voluntad colectiva de defender que, a pesar de todo, aún quedan jueces en Madrid.
